El caso de los aranceles de EE.UU. a la aceituna negra de España es un buen ejemplo de la ingrata labor que realizan normalmente las asociaciones empresariales. Como es conocido, Asemesa tuvo que asumir en menos de un mes y en una situación de enorme presión e incertidumbre la defensa del caso. Si no lo hacía, EE.UU. habría aplicado un arancel del 220% o superior, lo que hubiera supuesto el cierre total del mercado.

La defensa del caso va mucho más allá de la mera contratación de un despacho de abogados. Ya la propia selección del despacho fue una complicada labor. Supuso todas las gestiones para poder montar en algo menos de un mes el engranaje necesario para que los Servicios de la Comisión de la UE, los Ministerios de Agricultura, de Industria, la Consejería de Agricultura de Andalucía y las empresas investigadas, fueran capaces de responder a la desmesurada cantidad de información que exigía y sigue exigiendo el Departamento de Comercio de EE.UU. desde julio de 2017. Por supuesto, una vez más, hay que agradecer a los funcionarios de estas Administraciones implicados su enorme trabajo.

Supuso también un gran esfuerzo para convencer a la Comisión de que llevara el caso a la OMC porque eso era lo importante, y no quien hoy se atribuye el mérito. Faltaría más, porque no haberlo hecho habría sido dejar al sector en la estacada. Y supone, por encima de todo, el descomunal esfuerzo económico y en trabajo al que se han visto obligadas las empresas investigadas, lo que en algún momento redundará en beneficio de todo el sector y será reconocido.

Y decía que era una labor desagradecida por varias razones. Porque las empresas de Asemesa, especialmente las investigadas, estaban y están defendiendo no sólo sus intereses y los del sector, sino toda la PAC, que se hallaba amenazada. Porque, a pesar de esto, la UE ha sido incapaz de conceder un solo euro de ayuda para los enormes gastos de defensa ni para compensar la pérdida de más de 150 millones de euros que se han dejado de exportar a EE.UU. en estos años. Porque la UE tampoco ha sido capaz de establecer ninguna ayuda que compense la gran desigualdad e injusticia que supone que España sufra los aranceles, mientras que otros países como Portugal o Grecia, no. Porque nuestro Ministerio de Agricultura no ha dado los golpes que tenía que dar en las mesas de Bruselas para que se ayude económicamente a la industria como se hace cuando se trata de otras ramas, ni tampoco lo han hecho Andalucía y Extremadura, que concentran a la mayoría de la aceituna de España.

Porque ninguna Administración de todas las anteriores considera que perder el 70% de un mercado es una «perturbación» o, quizás, porque solamente responden cuando le ponen los tractores en la puerta. Y porque también, hay que decirlo, es injusto igualmente que haya algunas empresas que se benefician del trabajo y esfuerzo económico de las que forman Asemesa, y no tardarán ni un segundo en intentar aprovecharse cuando, más pronto que tarde, consigamos eliminar los aranceles.